La reforma del sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE) ya tiene una propuesta concreta. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha sometido a audiencia pública el proyecto que modifica el Real Decreto 36/2023, con plazo para presentar alegaciones hasta el 23 de septiembre de 2026.

La principal novedad son las futuras subastas de ahorro energético: un mecanismo complementario al mercado de CAE con el que el Gobierno quiere dirigir inversión hacia tecnologías, actuaciones o colectivos prioritarios. El proyecto también plantea una plataforma electrónica integral y ajustes en los procedimientos, las funciones y los requisitos de los participantes.

El texto aún puede cambiar durante su tramitación. Pero la dirección es clara: el ahorro energético gana valor cuando puede identificarse, calcularse y acreditarse con evidencias consistentes.


Qué confirma la reforma

El sistema CAE permite monetizar el ahorro de energía final generado por una actuación de eficiencia energética. Según los datos publicados por el MITECO, desde su puesta en marcha se han presentado más de 9.400 solicitudes y se han certificado más de 7.700 GWh de ahorro.

La propuesta busca reforzar y ampliar el sistema mediante tres líneas:

  • una plataforma electrónica integral para su gestión;
  • mejoras en los procedimientos, definiciones, funciones y requisitos de los participantes;
  • un mecanismo de subastas para movilizar actuaciones con largos periodos de retorno o vinculadas a prioridades energéticas y sociales.

Dos cambios merecen especial atención.

Más digitalización y trazabilidad. La futura plataforma y la revisión de los procedimientos apuntan hacia una gestión más estructurada y verificable de la información. Es la misma cuestión que analizamos al explicar por qué una hoja de cálculo no aguanta un expediente CAE, aunque los datos y el nivel de medición exigidos dependerán de cada actuación y de su metodología.

Un calendario con más margen. Los plazos del sistema también están cambiando. El Real Decreto-ley 7/2026 amplió hasta el 31 de marzo del año siguiente el plazo para cumplir las obligaciones mediante aportaciones económicas o liquidación de CAE, con aplicación a partir del ejercicio 2027. Para evitar un desfase en 2026, el MITECO ha tramitado además ajustes transitorios específicos.

El proyecto continúa en tramitación. Por eso conviene distinguir entre los cambios ya aprobados y las novedades —como las subastas— que solo serán aplicables si se incorporan al texto definitivo.

La gran novedad: dos tipos de subastas de ahorro energético

El proyecto introduce dos modalidades de subastas. En ambas podrán participar sujetos obligados y sujetos delegados del sistema CAE, pero la forma de incentivar el ahorro y el destino de los certificados serán diferentes.

Modalidad 1

Compromisos de ahorro

El adjudicatario se compromete a conseguir un volumen determinado de ahorro mediante una tecnología o actuación concreta.

Compromiso Ejecución Certificación

Recibe una prima económica adicional y conserva los CAE generados para poder comercializarlos dentro del sistema.

Modalidad 2

Necesidades de ahorro

Se adjudica una cantidad económica para ejecutar una actuación que cubra una necesidad de ahorro identificada por el sistema.

Adjudicación Ejecución Certificación

Los CAE computan para los objetivos nacionales, pero se liquidan directamente y no pueden comercializarse después.

Las convocatorias definirán qué productos se subastan y la adjudicación se realizará mediante un sistema pay as bid: cada adjudicatario recibirá las condiciones económicas incluidas en su propia oferta.

Según la propuesta presentada por el MITECO , las subastas incluirían fases de precalificación y calificación, serían organizadas por OMIE y estarían supervisadas por la CNMC. También contarían con precios de riesgo y de reserva para evitar ofertas temerarias y costes excesivos.

La financiación podría proceder del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) o de los Presupuestos Generales del Estado. El MITECO solicitará además a la Comisión Europea que confirme el encaje del modelo en la normativa sobre ayudas de Estado.

Qué proyectos podrían impulsar las subastas

El proyecto permite orientar las convocatorias hacia prioridades concretas. El MITECO cita, entre otros ejemplos:

  • tecnologías como la movilidad eléctrica;
  • actuaciones como la rehabilitación integral de bloques de viviendas;
  • beneficiarios como pymes o población vulnerable;
  • proyectos que reduzcan de forma significativa las emisiones de carbono, siempre que generen ahorro de energía.

Esta capacidad de segmentación es relevante. Permitiría movilizar inversiones que hoy tienen un retorno demasiado largo o que no encuentran una vía sencilla de financiación. No significa, sin embargo, que cualquier empresa pueda acudir directamente: el diseño de cada convocatoria determinará el producto, los requisitos y los participantes admitidos.

Qué significa para las empresas

El impacto dependerá del punto en el que se encuentre cada empresa. Estas son las cuatro situaciones que conviene revisar.

Si ya tienes actuaciones CAE en marcha o en cartera

El sistema CAE se consolida, incorpora nuevas herramientas y avanza hacia una gestión más estructurada de la información.

Los expedientes con una línea base clara, un perímetro bien definido y evidencias verificables estarán mejor preparados para responder a los controles y requisitos del sistema.

Si tu empresa descartó los CAE por su complejidad

Las subastas pueden cambiar el mapa al dirigir financiación hacia determinadas tecnologías, actuaciones o beneficiarios. El proyecto permite diseñar convocatorias orientadas, por ejemplo, a proyectos cuyos beneficiarios sean pymes.

Eso no significa que cualquier empresa pueda participar directamente: según la propuesta presentada por el MITECO , los participantes serán sujetos obligados y sujetos delegados. Para las empresas interesadas, será importante seguir las primeras convocatorias y valorar su acceso a través de estos agentes.

Si tienes algo que decir sobre el diseño

El plazo para presentar alegaciones termina el 23 de septiembre de 2026.

Las empresas y organizaciones potencialmente afectadas pueden trasladar sus observaciones antes de que finalice la audiencia pública.

La condición común: demostrar el ahorro

El ahorro que se monetiza —mediante el mercado CAE o las futuras subastas— debe poder acreditarse.

En una actuación estandarizada, la evidencia y el cálculo serán los establecidos en la ficha correspondiente. En una actuación singular, dependerán de la metodología específica del proyecto.

No siempre será necesaria una medición granular antes y después, pero sí información suficiente, coherente y verificable.

Prepararse empieza antes de que se publique una convocatoria: conviene identificar las actuaciones, ordenar la documentación y conservar los datos necesarios. En las actuaciones estandarizadas, el ahorro se acredita conforme a la ficha del catálogo oficial; en las singulares, mediante una metodología específica para el proyecto.

La mirada PowerCloud

Las subastas añaden una nueva vía económica, pero no cambian la materia prima del sistema: un ahorro solo puede certificarse si existe una evidencia ordenada que permita reconstruir cómo se calculó.

PowerCloud ayuda a convertir los datos dispersos de una empresa en una base de trabajo útil para un expediente CAE: consumos históricos, periodos comparables, perímetros de actuación, variables operativas, facturas y registros de cambios. Como explicamos al analizar por qué una hoja de cálculo no aguanta un expediente CAE, no todas las actuaciones necesitan la misma medición, pero todas necesitan trazabilidad.

Con esa base es más sencillo evaluar qué proyectos tienen potencial, qué información falta y qué metodología corresponde antes de asumir costes de ingeniería, verificación o tramitación.

La serie CAE continúa

Seguiremos la tramitación del proyecto y analizaremos el texto definitivo cuando se apruebe. Las próximas entregas abordarán también casos prácticos, como recuperación de calor y proyectos multisede, y las condiciones de las primeras subastas cuando se publiquen sus convocatorias.


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