Novena entrega de la serie sobre Certificados de Ahorro Energético (CAE: el documento que convierte un ahorro de energía verificado en un activo que las comercializadoras obligadas compran para cumplir su cuota anual). Hay dos novedades en el sistema que todavía no habíamos contado, y las dos vienen en la misma norma: el Real Decreto-ley 25/2026, el decreto anticrisis del 29 de septiembre, que la Diputación Permanente del Congreso convalidó el 16 de octubre (BOE del 20). La primera es un plazo: los CAE solicitados antes del 1 de diciembre de 2026 podrán liquidarse hasta el 1 de marzo de 2027 contra la obligación de 2026. La segunda es un catálogo nuevo de infracciones por fraude con sanciones que pueden dejar a un sujeto delegado fuera del sistema hasta cinco años. Para la empresa industrial que ha ejecutado medidas de ahorro este año y aún no las ha cedido, las dos cosas juntas significan algo concreto: noviembre es el mes.
Qué ha pasado
La ventana. El sistema CAE nació en 2023 con una regla transitoria: durante los tres primeros años (2023, 2024 y 2025), los sujetos obligados podían justificar su obligación anual hasta el 1 de marzo del año siguiente. El RDL 7/2026, de marzo, fijó que a partir de 2027 el plazo será el 1 de abril. Por el medio quedaba 2026, el único año en que la obligación —que además casi se ha duplicado respecto a 2025— había que liquidarla antes del 31 de diciembre del mismo año. El RDL 25/2026 lo corrige: amplía la transitoria a cuatro años y, para 2026, acepta la liquidación posterior al 31 de diciembre de los CAE solicitados antes del 1 de diciembre, siempre que se liquiden antes del 1 de marzo de 2027 e indicando al Coordinador Nacional que se imputan a la obligación del año anterior. Quien no acredite CAE suficientes en esa fecha paga al Fondo Nacional de Eficiencia Energética el equivalente en dinero.
Las sanciones. El mismo decreto modifica la Ley 18/2014 para tipificar como infracción muy grave obtener o intentar obtener un CAE con fraude: simular la actuación o ejecutarla de forma distinta a la declarada; presentar la misma actuación en dos expedientes, o en el sistema CAE y en una subvención incompatible; manipular las variables de las fichas, las líneas base o las metodologías de cálculo para inflar el ahorro; u ocultar información sobre titularidad, ejecución o compatibilidad. Como infracción grave aparecen, entre otras, aportar documentación inexacta con beneficio económico, pedir CAE por actuaciones obligatorias (sin adicionalidad), no informar por escrito al propietario del ahorro del valor estimado de la cesión o no recabar su consentimiento expreso y firmado, y no conservar el archivo documental del certificado. Las accesorias son contundentes: el delegado puede perder la acreditación de dos a cinco años; el obligado, quedar inhabilitado para liquidar con CAE y pagar en metálico al Fondo.
El contexto explica la urgencia: el propio decreto cifra la evolución del sistema en 1.100 actuaciones en 2024, 17.000 en 2025 y 50.000 hasta agosto de 2026.
Por qué importa a una empresa industrial
Por la ventana: cinco semanas de demanda concentrada. Los sujetos obligados tienen que cubrir una obligación casi doble con lo que consigan solicitar antes del 1 de diciembre. Eso convierte noviembre en el mes en que los sujetos delegados —las empresas acreditadas que compran ahorros y los convierten en CAE— buscan actuaciones ejecutadas en 2026, verificables y aún no cedidas. Si tu planta ha cambiado compresores, instalado variadores, renovado iluminación, recuperado calor de un proceso o ajustado la operación sin invertir, ese ahorro tiene valor ahora. Pero la solicitud exige expediente y verificación por un verificador acreditado, y eso lleva semanas: lo que no esté en marcha a mediados de noviembre no llega.
Por las sanciones: el propietario del ahorro gana posición. Hasta ahora la relación con el delegado se regía por el contrato. Desde octubre, no informarte por escrito del valor estimado o no tener tu consentimiento firmado es una infracción; presentar tu actuación dos veces, o cederla y además cobrar una subvención incompatible, es muy grave — para el delegado, pero el expediente lleva tu nombre. La obligación de conservar el archivo convierte la trazabilidad del expediente en algo que un inspector puede pedir años después, y la línea base manipulada, que era un riesgo comercial, ahora es una infracción muy grave con nombre y apellidos.
Queda pendiente la otra reforma: el real decreto de subastas de ahorro que salió a audiencia en septiembre no se ha aprobado y las elecciones del 29 de noviembre lo dejan en el aire. Lo que sí está en vigor es esto.
Qué pueden hacer las empresas antes del 1 de diciembre
- Inventariar las actuaciones de 2026: qué se hizo, cuándo se puso en marcha, con qué factura y qué ahorro medido. Las operativas sin inversión también cuentan.
- Comprobar que no están cedidas ni subvencionadas de forma incompatible. Un registro de qué ahorro se ha cedido a quién evita la doble contabilización — y la infracción.
- Pedir a dos o tres delegados una oferta por escrito con el valor estimado, como ahora exige la norma, y comprobar su acreditación y su seguro vigente.
- Tener listas la línea base y la medida antes y después: es lo que el verificador pide y lo que más retrasa un expediente.
- Guardar el archivo completo —fichas, facturas, lecturas, cálculo—, no solo el certificado. Para 2027, planificar con el 1 de abril y no dejar la cesión para el último trimestre.
La mirada PowerCloud
Las dos novedades de esta entrega acaban en el mismo sitio: el dato que demuestra el ahorro. Una plataforma que registra el consumo de cada proceso antes y después de la actuación, con la línea base normalizada por producción y clima, resuelve el expediente de la ventana en días en vez de semanas, porque la medida ya existe; y resuelve el riesgo de las sanciones, porque la trazabilidad —qué equipo, qué lectura, qué cálculo— queda guardada y es reproducible cuando alguien la pida. En empresas con varios centros, además, mantiene el registro de qué actuación se ha cedido, a quién y con qué valor, que es exactamente lo que la nueva infracción de doble contabilización obliga a controlar. El CAE lo emite el sistema y lo compra el delegado; lo que la empresa pone es un ahorro que se pueda demostrar.
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Fuentes: BOE (Real Decreto-ley 25/2026, de 29 de septiembre, artículos 10 y 11 y exposición de motivos; Resolución del Congreso de 16-oct-2026 de convalidación, BOE de 20-oct-2026; RD 36/2023 y Ley 18/2014); KPMG Tendencias (6-oct-2026, análisis del RDL 25/2026); MITECO (sistema CAE); El Español y Eseficiencia (septiembre 2026, proyecto de RD de subastas de ahorro).






